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Comunidad Autónoma de Canarias

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La Comunidad Autónoma de Canarias es la organización político-administrativa del archipiélago canario dentro del Estado español. Su norma institucional básica es el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En la Constitución española de 1978 se reconocía la posibilidad de crear Comunidades Autónomas en aquellos territorios del Estado que tuvieran una serie de particularidades históricas, culturales o geográficas propias, pero en la práctica terminó organizándose en forma de comunidades autónomas la totalidad del territorio estatal, de este modo, al igual que no hay ningún territorio que no pertenezca a una provincia o a un municipio, tampoco lo hay que no pertenezca a una comunidad autónoma (con la particularidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). De lo contrario supondría que un territorio no tuviera instituciones propias que desarrollasen la administración de dicho territorio.

La constitución reconoce dos vías para el acceso al sistema autonómico, la vía rápida, escrita en el artículo 151 de la Constitución española y que permite obtener un mayor nivel de autogobierno, y la vía lenta, descrita en el artículo 143 de la Constitución española, por la cual se accede a una autonomía reducida. La vía rápida y de mayores competencias supone además una mayor soberanía democrática pues es la población de cada territorio la que debe aprobar mediante referéndum su estatuto de autonomía.

Aunque en Canarias se comenzó a organizar desde 1978 un órgano preautonómico, la Junta de Canarias, con representación de Cabildos y ayuntamientos, entre sus miembros se desarrollaron distintos posicionamientos con respecto a la autonomía. Algunos sectores conservadores y centralistas, vinculados a las élites insulares, consideraban que Canarias ya contaba con instituciones propias, los cabildos insulares y, por tanto, bastaba con crear una mancomunidad de Cabildos, con representación de cada uno de los cabildos, en vez de un Parlamento elegido por sufragio universal. Los sectores autodeterministas a partir de 1979 creían insuficiente el régimen autonómico planteando que Canarias debía de constituirse o bien como estado [[independencia|independiente] o bien como estado federado o confederado al Estado español. A ello se añade la circunstancia de que en julio de 1982 el PSOE y la UCD pactan la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que trataban de frenar la transferencia de competencias a las comunidades autónomas en constitución, si bien se vio compensada en el caso de Canarias con la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias (LOTRACA) debido a las circunstancias especiales de lejanía e insularidad del archipiélago. De este modo, Canarias no accede a la autonomía hasta el año 1983 y por medio de la vía lenta.

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