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Ley de Puertos Francos de Canarias

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Normativa sobre los Puertos Francos publicada en 1900

La Ley de Puertos Francos de Canarias fue promulgada por el ministro Juan Bravo Murillo en 1852, y reformada en 1902.

La Ley de Puertos Francos se componía de un conjunto de medidas económica que vino a suponer la liberalización de la entrada y salida de marcancías del archipiélago, impulsando desde entonces la economía isleña y constituyendo un importante incentivo fiscal para el comercio con y desde las islas. Ello favorecía a los intereses ingleses y franceses, que jugarán un papel destacado en la economía de Canarias, de modo que Canarias pasa a estar más vinculada a la órbita económica británica que a la española. El propio cónsul de Francia en Canarias, Sabino Berthelot, jugó un papel en la declaración de Puertos Francos. Esta ley provocó un notable crecimiento de la economía de las islas, favoreciendo el comercio y la exportación de la cochinilla en el tercer cuarto del siglo XIX y del plátano y el tomate con el continente europeo desde principios del siglo XX. El gran auge de la cochinilla, tras la crisis económica de la primera mitad del siglo XIX, estuvo unido a la promulgación de la Ley de Puertos Francos de 1852, que favoreció en comercio de Canarias con Europa, pero que a la vez destruyó los mercados internos del archipiélago, volcándose casi toda la producción agrícola canaria a la exportación, con un único producto que era la cochinilla. De este modo, para poder abastecerse de productos básicos antes producidos en Canarias, como los cereales, ahora había de recurrirse a la importación. La Ley de Puertos Francos, como ya se apuntó, estuvo directamente relacionada con la expansión colonial de las potencias europeas, sobre todo Inglaterra, sobre el continente africano, financiando las compañías inglesas las construcción del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, a fin de que avituayaran de carbón a los buques que diban rumbo a las colonias. También fueron los ingleses quienes incentivaron el inicio del cultivo del plátano en Canarias, controlando las redes de exportación de este producto y el suministro de abonos y maquinaria agrícola.

Los efectos beneficiosos de la ley duraron hasta entrado el tercer cuarto del siglo XX, cuando los Puertos Francos perdieron su atractivo como incentivo fiscal con la implantación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el mercado único europeo.